Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías usando indebidamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, instante en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se alega que se hizo un uso indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una estructura llamada \'Trama Stator\', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Gedesco Finance Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de dos meses.
Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..